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El Gobierno pide al juez que no intervenga la desaladora porque sustenta 5.750 empleos
  • Los letrados de la Comunidad aportan un documento en contra de la petición de la Fiscalía, que trata de evitar la sangría de dinero público
  • Defienden que los caudales riegan los cultivos de 115 clientes

La Comunidad Autónoma trata de convencer a la juez que investiga la actuación de antiguos altos cargos del Gobierno y de las empresas que participaron en la construcción y en la gestión de la desaladora de Escombreras para que rechace la petición de la Fiscalía y no intervenga la planta. Los letrados de la Administración regional, que está personada en el denominado caso La Sal, han presentado un escrito en el que alertan de que «la eventual paralización de la actividad de la planta y la consiguiente interrupción del suministro provocaría la pérdida de 5.750 puestos de trabajo». Parte de los empleos que el Ejecutivo considera amenazados corresponde al complejo Mar Menor Golf Resort de Torre Pachecho, que utiliza los caudales para regar el campo de golf y los jardines.

La empresa pública Desaladora de Escombreras, que está adscrita a la Consejería de Agricultura a través de la entidad encargada de gestionar el saneamiento en los municipios de la Región (Esamur), recibirá este año 18,4 millones de las arcas regionales para hacer frente a los compromisos adquiridos en 2006 por el Ejecutivo regional con la empresa del grupo ACS, promotora de la planta (Hydro Management), de la que también forman parte varios inversores murcianos.

La fiscal María Isabel Neira, que interviene en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia, ha solicitado a la magistrada, María del Mar Azuar, que nombre a un interventor judicial para que controle la administración de la empresa pública titular del contrato de arrendamiento con las sociedades de ACS al apreciar indicios de varios delitos que podrían suponer la nulidad de los contratos firmados en 2006 por el desaparecido Ente Público del Agua, que había creado con este fin la Consejería de Agricultura.

Tras haber tomado declaración a los ex altos cargos del Gobierno regional que estuvieron al frente del equipo que firmó los contratos con ACS y que formaron parte de los consejos de administración del desaparecido Ente Público del Agua, así como a los directivos de las empresas pertenecientes al grupo presidido por Florentino Pérez, la Fiscalía considera necesario «prohibir las cesiones de créditos a la dueña de la planta para evitar desvíos de capital».

Desaladora de Escombreras tiene un presupuesto cercano a los 27 millones de euros. Obtiene algo más de diez de la venta directa de agua, mientras que la Comunidad Autónoma aporta una cantidad anual que en 2019 alcanza los 18,4 millones. En el escrito dirigido a la juez, la Comunidad explica que los caudales de la planta son adquiridos por 115 clientes, «pequeños agricultores, grandes empresas exportadoras y comunidades de regantes de Arcosur, Mar Menor y Campo de Cartagena». Teniendo en cuenta la superficie que cultivan, el Ejecutivo calcula que los 21 hectómetros cúbicos que puede generar la planta sustentan 5.677 puestos de trabajo, a los que se suman los del resort Mar Menor Golf. Añade que, de no producirse esta aportación, «en plena sequía, buena parte de ellos podría perderse» y que «una eventual paralización de la planta se traduciría en una importante pérdida de puestos de trabajo entre los 5.750 que dependen de la continuidad» de los caudales.





FUENTE: LA OPINIÓN DE MURCIA
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