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El Estado plantea solo dos objeciones a la ley regional de Aceleración Empresarial
  • Discrepa de la norma autonómica en la ampliación de los hoteles de la costa y en la cantidad de emisiones atmosféricas, pero acepta la esencia del texto, de gran calado económico

Lejos de las alarmas que generaron dos informes de los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional sobre la posible inconstitucionalidad de muchos aspectos de la ley de Aceleración Empresarial -uno de los proyectos estrella del Gobierno de López Miras para dinamizar la economía y generar empleo-, el Ejecutivo central solo ha puesto reparos a dos apartados de esta norma, porque cree que reducen la protección ambiental. Sobre la práctica totalidad de esta ley autonómica, que recoge medidas de gran calado para la transformación del modelo económico de la Región de Murcia, el Estado no pone ninguna objeción. La norma fue impulsada y negociada por el PP y Ciudadanos junto con la patronal Croem.

Los ministerios de Fomento y de Transición Ecológica no rechazan los puntos candentes y que generaron mayor controversia de esta ley que persigue agilizar los trámites para regularizar 20.000 empresas que están en un limbo legal. Tampoco se pronuncian sobre el hecho de que los proyectos urbanísticos sometidos a normas transitorias puedan eludir el trámite de evaluación ambiental.

La 'prima hotelera'

La Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma se reunirá en breve para dirimir las «discrepancias» en estos dos apartados, con el fin de buscar una solución que evite un recurso de inconstitucionalidad, según el oficio enviado por el Ministerio de Política Territorial a la Consejería de Presidencia, al cual ha tenido acceso 'La Verdad'. Uno de los reparos procede del Ministerio para la Transición Ecológica, que no está de acuerdo con una disposición sobre el incentivo de edificabilidad para la renovación hotelera, que beneficia a los establecimientos con un mínimo de tres estrellas. La llamada 'prima hotelera'.

La Administración estatal no ve inconstitucionalidad en otros aspectos clave de la normativa autonómica

El Ministerio indica que tal incremento puede consistir en obras de reforma, ampliación e incluso reconstrucción parcial o reedificación total. Su discrepancia se basa en que puede vulnerar la Ley de Costas, que establece una serie de condiciones para estos casos y que prohíbe actuar dentro de la zona de servidumbre de protección de 100 metros desde la ribera del mar. Considera que la ley autonómica admite el incremento de edificabilidad «sin establecer excepción alguna».

Por su parte, el Ministerio de Fomento advierte de que no se pueden ampliar los hoteles por encima de los coeficientes de edificabilidad asignados previamente en los respectivos planes urbanísticos; a la vez que cree que esta actuación sería incompatible con el estatuto jurídico básico de la propiedad del suelo.

El otro punto de discrepancia se refiere a la llamada 'intervención medioambiental' de la ley autonómica, cuyo artículo 23.4 indica que las empresas e industrias pueden cambiar o reemplazar maquinaria, equipos e instalaciones por otras de características similares, siempre que eso no se convierta en un nuevo foco contaminante que incremente las emisiones a la atmósfera más de un 35%. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que esta medida vulnera un real decreto sobre emisiones industriales, según el cual cuando se supera el 25% se produce una modificación sustancial para determinadas actividades, en contra del criterio de la Ley de Aceleración. El Ministerio añade asimismo que hay que ser restrictivos en estos casos, para incrementar la protección ambiental.

El Gobierno central no presenta otras objeciones, y ninguna referida a las advertencias de inconstitucionalidad que hicieron los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional en septiembre sobre el primer borrador de la ley, en el que formuló diez observaciones, entre ellas que se creaba inseguridad jurídica y se invadían competencias. Posteriormente, en el trámite de enmiendas, la ley fue retocada por el PP y Ciudadanos, aunque los letrados del Parlamento regional informaron de nuevo de que se seguía vulnerando el nivel mínimo de protección ambiental.



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FUENTE: LA VERDAD
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