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¿Y el Pacto del Trasvase?
Manuel Buitrago

Ha transcurrido más de un mes desde que se alumbró el Memorándum de Entendimiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y los gobiernos de Murcia y la Comunidad Valenciana para mitigar los efectos que tendrá la reserva de 400 hectómetros cúbicos en el funcionamiento del Trasvase Tajo-Segura. El documento se firmó hace dos semanas en Madrid y los regantes del acueducto se quejan de que la comisión de trabajo aún no ha empezado a funcionar. En teoría, las conclusiones técnicas deben estar perfiladas en tres meses, para ser luego ratificadas por el Gobierno central.

El presidente del Sindicato de Regantes del Trasvase, José Manuel Claver, se pregunta a qué espera el Ministerio para convocar a la comisión. Una de las claves es la participación de un representante de Castilla-La Mancha en los trabajos técnicos. El Gobierno de Murcia es el más interesado en que hay un miembro del equipo de Cospedal, para que el Memorándum esté respaldado también por el Ejecutivo de Castilla-La Mancha. De lo contrario, esta Comunidad se podría desmarcar de tales acuerdos y plantar cara si ve que se alteran las propuestas del Plan del Tajo o entiende que van más allá de lo pactado en Toledo a principios de enero: en una comida que tuvo lugar en el Palacio de Fuensalida entre Cospedal, Valcárcel, el ministro Arias Cañete, consejeros y técnicos cualificados.

De entrada, el PP castellano manchego dijo que el Memorándum no tiene ninguna fuerza legal ni política. Lo recibió de uñas; aunque es cierto que cada gobierno autonómico implicado está escenificando este nuevo episodio sobre el Trasvase en clave interna y local, y no es extraño que exageren en algunos puntos a favor o en contra.

Los regantes, por si acaso, están preparando sus alegaciones contra la reserva de los 400 hectómetros en la cabecera. El Memorándum propone modificaciones legales de cierto calado que afectan a la Ley del Plan Hidrológico Nacional y a la Ley de Aguas. Si no lo refrenda el Gobierno central y/o el Consejo de Ministros a través de un decreto y de las Cortes Generales, será papel mojado.

Fuente: La Verdad
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