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La CHS informa al juez del 'caso Topillo' del hallazgo de 46 desaladoras ilegales
  • Un informe recoge el resultado de 91 inspecciones en fincas cercanas al Mar Menor, donde se abrieron 31 pozos sin permiso

«En cuanto a la legalidad de las desalobradoras, ninguna de las enumeradas en la tabla que se adjunta cuenta con título administrativo alguno que habilite la actividad de desalación». Dicho en román paladino, que todas las plantas desaladoras que los funcionarios de las Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han encontrado en los últimos años, con motivo de sus inspecciones en fincas agrícolas de la comarca del Mar Menor, se encontraban en la más absoluta ilegalidad. Así se hace constar en un informe que el organismo de cuenca ha remitido recientemente al Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, que impulsa las diligencias del llamado 'caso Topillo' sobre la degradación ambiental de la laguna costera. En este documento, que está en poder de 'La Verdad' y que resume el resultado de 91 inspecciones en otras tantas explotaciones agrarias, se deja constancia de la presencia de hasta 46 instalaciones de desalobración, algunas de las cuales se encontraban en pleno funcionamiento cuando los inspectores irrumpieron en las fincas.

En algunos casos se habían retirado los precintos previos que se les habían colocado, lo que motivó la apertura de expedientes sancionadores contra los presuntos responsables. En otros, la maquinaria estaba oculta en zulos subterráneos, escondidas incluso en contenedores de barcos enterrados bajo la superficie, e instaladas en remolques portátiles que permitían esconderlas rápidamente en caso de inspección.

La CHS, además de subrayar al magistrado Ángel Garrote la ilegalidad de todas esas instalaciones, señala que cuando se detectaba que las plantas seguían funcionando a pesar de un primer precinto, «se adoptaba la medida más restrictiva de un segundo precinto, que implicaba además el precinto de las tuberías y la desconexión del motor y del cuadro eléctrico».

Respecto de los pozos encontrados asimismo en esas explotaciones agrarias, el documento deja constancia de que algunos de ellos sí estaban autorizados temporalmente, hasta el pasado 30 de septiembre, en virtud del Real Decreto por el que se declaró la situación excepcional de sequía. Sin embargo, no ocurría lo mismo con otros 31 pozos o sondeos que fueron igualmente detectados con motivo de las inspecciones y para los que no existía autorización alguna.

El documento había sido reclamado el pasado julio por el magistrado instructor del 'caso Topillo', con el fin de constatar si se confirmaban las averiguaciones realizadas por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que el pasado abril realizaron una espectacular redada en 67 fincas agrícolas y localizaron y precintaron 38 plantas desalobradoras y 35 pozos irregulares.

A resultas de esas inspecciones han sido imputados 21 representantes y propietarios de otras tantas fincas.




FUENTE: LA VERDAD
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