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*Obligarán a rastrear la presencia de virus en las aguas residuales
  • Los ministros de Medio Ambiente de la UE han cerrado un acuerdo sobre la nueva directiva que deberán adoptar algunas localidades



Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea cerraron recientemente un acuerdo político sobre la nueva directiva de tratamiento de aguas residuales urbanas, que introduce requisitos más estrictos para mejorar la eficacia en la recogida y el tratamiento de estas aguas, una de las medidas del plan europeo de contaminación cero. Por ejemplo, se reduce de 2.000 a 1.250 habitantes el tamaño de las localidades que estarán obligadas -con algunas excepciones- a instalar sistemas de recogida de aguas residuales urbanas mientras que todas las aglomeraciones de más de 100.000 personas tendrán que contar con planes integrados de gestión para 2035. Las reglas también obligarán a rastrear la presencia de patógenos responsables de enfermedades humanas y pandemias, como coronavirus, el virus de la polio y el de la gripe.

«Nos acerca un paso más al objetivo de contaminación cero que nos fijamos para Europa. La contribución de este sector a nuestros objetivos climáticos es crucial y las nuevas normas nos ayudarán aún más a proteger el medio ambiente y la salud de nuestros ciudadanos», destacó la ministra en funciones de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el enfoque que servirá de base a los gobiernos para negociar la legislación definitiva con el Parlamento Europeo. Según el Consejo, el acuerdo político cerrado por los Veintisiete ofrece un equilibrio entre la «ambición» propuesta por Bruselas para mejorar la recogida y el tratamiento de las aguas residuales urbanas y la «flexibilidad» para que los Estados miembros apliquen la nueva norma.

Para contener mejor la contaminación de las localidades más pequeñas, la normativa se aplicará a todas las aglomeraciones de más de 1.250 habitantes (frente a los 2.000 actuales) que tendrán que instalar sistemas de recogida aunque con excepciones para aquellos Estados miembros que se adhirieron a la UE después de 2004 o 2006 que podrán beneficiarse de plazos más laxos, con derogaciones de ocho o doce años ya que «han tenido que realizar inversiones significativas más recientes para implementar la directiva». Además, si el establecimiento de un sistema colector no está justificado, es factible o rentable, los Estados miembros podrán utilizar sistemas individuales para recoger y tratar las aguas residuales urbanas.




Planes integrados de gestión

La revisión también establece plazos límites para que los gobiernos de la UE establezcan un plan integrado de gestión de aguas residuales urbanas que cubra aglomeraciones de más de 100.000 habitantes. Por ejemplo, las localidades de más de 100.000 habitantes tendrán que hacerlo para 2035, mientras que aquellas de entre 10.000 y 100.000 personas tendrán cinco año más, hasta 2040. Estos planes de gestión integrada se revisarán al menos cada seis años.

El documento del Consejo, por negociar con la Eurocámara antes de convertirse en ley, también amplía la obligación de aplicar un tratamiento secundario (es decir, la eliminación de materia orgánica biodegradable) a las aguas residuales urbanas antes de su vertido al medio ambiente a todas las aglomeraciones de más de 1.250 habitantes para 2035 aunque de nuevo con salvedades para los países de Europa del este.

Además, para 2045, los Estados miembros tendrán que garantizar la aplicación del tratamiento terciario (es decir, la eliminación de nitrógeno y fósforo) en plantas de mayor tamaño, de 150.000 habitantes. Este tratamiento también será obligatorio en aglomeraciones más pequeñas situadas en zonas con riesgo de eutrofización, salvo que las aguas residuales urbanas tratadas se reutilizan para riego agrícola, siempre que no existan riesgos medioambientales y sanitarios.

Por último, la norma obligará a introducir un tratamiento adicional para eliminar un amplio espectro de microcontaminantes en todas las instalaciones de más de 200.000 personas para 2045, con objetivos intermedios en 2035 y 2040. Esto significa que, de acuerdo con el principio de ‘quien contamina paga’, los productores de productos farmacéuticos y cosméticos que provoquen la contaminación de las aguas residuales urbanas por microcontaminantes tendrán que contribuir a los costes de este tratamiento adicional.

FUENTE. LA OPINIÓN DE MURCIA

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